Acuicultura en Tierra del Fuego: Desarrollo Sostenible y Control Ambiental

La nueva ley de acuicultura en Tierra del Fuego impulsa el crecimiento económico responsable, con protección ambiental y generación de empleo calificado.

La provincia de Tierra del Fuego avanza en un camino de desarrollo sustentable a través de la implementación de una legislación pionera en acuicultura que busca potenciar la matriz productiva local sin comprometer el patrimonio natural. La reciente sanción de la Ley de Acuicultura marca un hito en la gestión ambiental y económica de la región, promoviendo un modelo que combina innovación, sostenibilidad y control público.

Una ley que protege y fortalece la acuicultura fueguina

El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Diego Marzioni, resaltó que esta normativa posiciona a Tierra del Fuego como un ejemplo de crecimiento responsable en el ámbito acuícola. La ley busca expandir la actividad productiva en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad y atrayendo inversión privada mediante reglas claras y transparentes. “Nuestro objetivo es ampliar la matriz productiva provincial sin perder de vista el cuidado del ecosistema marino, asegurando que el desarrollo sea trazable y bajo control público”, explicó Marzioni.

El documento oficial establece que la acuicultura no solo representa una oportunidad económica, sino también una vía para agregar valor a los recursos locales, promoviendo un uso racional de los recursos hídricos y marinos. La visión del gobierno fueguino es transformar el patrimonio natural en conocimiento, empleo y desarrollo económico, siempre en línea con los principios de sostenibilidad.

Mecanismos de protección ambiental y control riguroso

Uno de los aspectos centrales de la ley es su compromiso con la protección ambiental, reforzando los controles existentes y estableciendo nuevos instrumentos de evaluación. La legislación incorpora la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), un mecanismo que permite analizar de manera preventiva los impactos potenciales de las actividades acuícolas a nivel macro, y también exige una Evaluación de Impacto Ambiental (EsIA) para cada proyecto en particular.

Marzioni afirmó que “cada iniciativa acuícola deberá pasar por procesos de evaluación, trazabilidad y participación ciudadana”, asegurando que el desarrollo no sea un acto sin controles. La normativa también refuerza la prohibición de la salmonicultura intensiva en áreas sensibles, particularmente en el Canal Beagle, donde se mantiene la restricción de actividades industriales de gran escala.

Modelo sostenible: cuidado del mar y valor agregado local

El debate público en torno a la actividad acuícola ha sido un factor clave para diseñar una ley que respete el medio ambiente y promueva el crecimiento económico. Marzioni remarcó que la acuicultura no es un enemigo del ecosistema, sino una estrategia que, si se realiza con ciencia y control, puede garantizar la protección del patrimonio natural y la inclusión social.

El modelo fueguino apuesta a una acuicultura moderna, basada en conocimiento científico y en un compromiso firme con la sustentabilidad. La prohibición de la salmonicultura industrial en determinados espacios, junto con los sistemas de evaluación y participación ciudadana, aseguran que el desarrollo sea responsable y sustentable. Además, la legislación busca evitar el riesgo de contaminación y daños irreversibles en áreas sensibles, promoviendo prácticas que respeten los límites del ecosistema marino.

El futuro de la acuicultura en tierra del fuego

El subsecretario destacó que “el miedo al cambio no puede frenar el avance”, y que la innovación y el crecimiento económico deben ir de la mano del respeto ambiental. La acuicultura fueguina se presenta como una política de Estado moderna, con base en la ciencia y en un compromiso genuino con la protección del entorno natural, promoviendo un desarrollo inclusivo y sustentable.

Marzioni cerró afirmando que la actividad acuícola en Tierra del Fuego no representa un retroceso, sino una oportunidad concreta de generar valor agregado, empleo calificado y progreso en armonía con el medio ambiente. La ley marca un rumbo claro hacia una acuicultura responsable, trazable y bajo control público, consolidando a la provincia como un ejemplo de innovación y sostenibilidad en el sector acuícola argentino.