GOBIERNO CONFIRMA LA VALIDEZ DEL DECRETO 1656/2024: SENTENCIA DEL JUZGADO RECHAZA ACUSACIONES

En una reciente declaración, el secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, anunció la sentencia emitida por el Juzgado de Instrucción N°1 del Distrito Judicial Sur, a cargo del juez Sergio Pepe. Esta decisión judicial desestimó las acusaciones de falsificación relacionadas con el Decreto 1656/2024, que convocaba elecciones constituyentes. Fossatto destacó que la sentencia se basa en pruebas contundentes, como testimonios y pericias informáticas, que confirmaron la autenticidad del acto administrativo y la ausencia de delitos por parte de los funcionarios involucrados.

PRUEBAS QUE CONFIRMAN LA LEGALIDAD DEL DECRETO

El secretario Legal de Gobierno subrayó que la sentencia se sustenta en dos pruebas clave que demuestran la legalidad del decreto. La primera es un testimonio proporcionado por el personal de despacho, que aseguró que no hubo ninguna irregularidad en el proceso de firma. La segunda, más técnica, proviene de las pericias realizadas en las computadoras confiscadas, que confirmaron la integridad de los registros. Fossatto enfatizó que “no hubo ninguna adulteración de las fechas del acto administrativo”, y que los funcionarios actuaron dentro de los límites legales.

Ante la denuncia inicial, que alegaba que el decreto contenía declaraciones falsas, Fossatto explicó que se argumentaba que la fecha de suscripción estaba incorrectamente registrada y que la firma del Ministerio de Obras Públicas era irregular. Sin embargo, la sentencia concluyó que todas las actuaciones se realizaron conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que refuerza la legitimidad del proceso.

IMPLICACIONES DE LA SENTENCIA PARA EL GOBIERNO

Con la emisión de esta sentencia, el Gobierno no solo asegura la validez del decreto, sino que también reafirma la legalidad de sus actos públicos. Fossatto declaró que “hoy, el Gobierno tiene la validez de este acto administrativo”, lo que implica que las elecciones constituyentes pueden continuar su curso sin inconvenientes legales. La administración gubernamental ahora se encuentra a la espera de una resolución adicional del Superior Tribunal de Justicia en relación a otra causa pendiente.

Además, Fossatto mencionó que el Gobierno evaluará los próximos pasos a seguir respecto a la denuncia que afecta a los funcionarios públicos implicados en el caso. “Se analizará qué caminos seguiremos respecto a la presentación de esta denuncia”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de futuras acciones legales.

RESPUESTA DEL GOBIERNO A LAS ACUSACIONES

Fossatto concluyó su declaración reafirmando el compromiso del Gobierno con la transparencia y la legalidad. “Con esta sentencia, el Gobierno dispone de la veracidad de los actos públicos que se estaban cuestionando”, indicó, resaltando que los funcionarios actuaron conforme a la normativa vigente y no incurrieron en delitos penales. Este pronunciamiento busca no solo desmentir las acusaciones, sino también restaurar la confianza pública en la administración gubernamental.

La sentencia del Juzgado de Instrucción N°1 ha generado un impacto significativo en el contexto político local, al abordar directamente las preocupaciones sobre la legitimidad de los procesos electorales y la confianza en la burocracia estatal. A medida que avanza la situación, la atención se centra en cómo estas decisiones influirán en el futuro político de la región y en la percepción pública del Gobierno.

La conclusión de este caso ofrece un panorama más claro sobre la legalidad de los actos administrativos en la provincia, lo que podría ser un factor determinante en las próximas elecciones y en la estabilidad del actual gobierno.